La norma reduce las alícuotas para las grandes corporaciones e introdujo un impuesto interno mínimo que perjudica a las pequeñas y medianas empresas del sector con el fin de obligarlas al cierre definitivo de las operaciones, lo que conllevaría miles y miles de desocupados, ya que se ven impedidas de comercializar cigarrillos de calidad, pero a precios accesibles.
Puntualmente, estas medidas favorecen a las multinacionales y perjudican a las tabacaleras locales, y también al consumidor ya que el precio del tabaco en las pymes locales es significativamente menor a la de las multinacionales.
Recientemente Canet obtuvo un fallo judicial favorable que suspende un aplicativo virtual dispuesto por la resolución general N° 5113/2021 de Afip y que actualmente se encuentra en tratamiento ante la Cámara Federal de la ciudad de Rosario.
Según Omar Negri, presidente de la entidad, afirmó que “se pretende de modo engañoso hacer creer que las pequeñas productoras de tabaco y cigarrillos no quieren tributar y eso es mentira, ya que en el último mes lo han hecho por más de 500 millones de pesos en impuestos internos, de los cuales 400 millones corresponden a las dos empresas santafesinas a lo que hay que sumarle lo ingresado como fondo especial de tabaco”.
Recientemente, estas empresas recibieron una comitiva de autoridades nacionales y provinciales para imponerse de la delicada temática que atraviesan y que ponen en riesgo miles de fuentes de trabajo.
En otro capítulo judicial, el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°.4 de Comodoro Py, llamó a prestar declaración a varios legisladores y ex diputados nacionales, en la causa que se investiga a la multinacional tabacalera “Massalin Particulares”, hoy Philips Morris International, por presunta defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, según denunciara la tabacalera porteña Sarandí SA.
En esta causa se investiga a diputados de distintos signos políticos, altos funcionarios de Afip y empleados jerárquicos de Massalin Particulares que supuestamente habrían conspirado para sacar adelante la ley 27430 del año 2017, que impone un mínimo a ingresar en concepto de impuesto interno y no un porcentaje sobre el precio de venta, lo que impide fijar libremente un precio para hacerlo accesible a sectores menos pudientes y favorecen a los monopolios norteamericanos.
Entre las últimas medidas dispuestas en la causa se citó a quien entonces era diputado y actualmente ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus a declaración testimonial, a fin de que amplie su posición del voto en contra de la ley.
Fueron convocados además Luciano Laspina y Diego Bossio y se requirió a la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación que confirme las circunstancias y motivos de las audiencias realizadas por los involucrados en ese tiempo, siendo que la única empresa que fue recibida por los funcionarios investigados habría sido la norteamericana Massalin Particulares.
Se solicitó también a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta del Senado de la Nación que le sean remitidas las discusiones taquigráficas de la ley 27430 referentes a la decisión y votación sobre reforma tributaria, rebaja de impuesto a las tabacaleras del 75% al 70% e incrementos de los impuestos mínimos a todo el sector.
Replicado de www.elciudadanoweb.com
