Algunos dirán “Argentina, qué país de locos…” y tendrán razón ya que sólo aquí, en este país bendecido pueden suceder estas cosas. En las marchas de los tabacaleros durante dos días en la capital argentina solicitaron a los organismos competentes arbitren las medidas necesarias para que todos los actores de este sector paguen el impuesto mínimo al cigarrillo. Y es que en este bendito país está presente la “viveza” criolla, dado que, en el mismo sector, pero con otra perspectiva, está el grupo de empresas tabacaleras que con artilugios legales desde hace más de siete años elude el pago de ese impuesto a base de conseguir medidas cautelares -justamente- para no pagar el citado impuesto. Mientras tanto, en la otra cara de la misma moneda se plantea que se cumpla el fallo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de mayo de 2021 que dejó sin efecto las medidas cautelares a tabacaleras.
Con este contexto de fondo, el 5 de octubre, el Poder Judicial de la Nación, a través del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, en virtud de la presentación efectuada por la empresa Tabacalera Sarandí S.A. –querellante y una de las cinco empresas que no pagan el impuesto mínimo- se efectuó la convocatoria de varios funcionarios a prestar declaración testimonial. Entre ellos se convoca a Daniel Filmus, ministro de Ciencia, a Luciano Andrés Laspina, diputado nacional, a Diego Bossio y a Héctor Bárbaro, diputado nacional por Misiones.
En el caso del diputado Bárbaro la citación obedece a que informe “en base a sus registros sobre la efectiva celebración de la reunión que se habría efectuado el 4 de mayo del corriente año conforme la nota periodística (de Nuevo Diario que tituló Efecto Rosso: legisladores van al Congreso por cautelares de tabacalera) y para el caso afirmativo se detalle la totalidad de los intervinientes y se informe sobre la existencia de precisiones respecto del temario tratado.” La presencia del diputado Bárbaro está requerida para el 1 de noviembre a las 11.
La citación del diputado Bárbaro, diputado por Misiones, y ferviente defensor del tema tabacalero, generó que representantes del sector tabacalero denunciaran hostigamiento hacia ellos y a miembros del Congreso Nacional a mano de empresas que buscan impedir que se trate un proyecto de Ley cuyo objetivo es traer sustentabilidad al negocio de más de 20.000 productores agropecuarios
Productores tabacaleros de las siete provincias productoras expresaron su preocupación por la persecución que sufren por estas horas ellos mismos y Diputados del Congreso Nacional por parte –principalmente- de Tabacalera Sarandí S.A. que tiene un claro objetivo en su agenda: evitar que se trate un Proyecto de Ley que busca la sustentabilidad del sector. El Proyecto de ley fue presentado por el diputado Bárbaro y apunta a mejorar la situación de los productores del NOA y NEA, ya que desde hace 7 años las empresas fabricantes de cigarrillos no pagan el impuesto interno mínimo, y hoy ya representan más del 40% del mercado, y desfinancian mes a mes al Estado Nacional, las Provincias, y a los productores.
Según la Federación, que representa a las principales Cámaras y Asociaciones, el proyecto ha sido ratificado por más de una decena de Diputados de todo el arco político y tiene tres objetivos primordiales: En primer lugar, encontrar una solución parcial para las economías regionales que se ven desfinanciadas y perjudicadas por el no pago de impuestos de más del 40% de las tabacaleras que fabrican y venden cigarrillos en el país. En segundo lugar, incorporar en el diseño tributario incentivos que permitan la innovación y sustentabilidad del sector incluyendo en el pago de impuestos a las nuevas formas de consumir tabaco como son los consumibles de los productos de tabaco calentado. Por último, busca robustecer los ingresos fiscales provenientes de la venta de productos de tabaco.
Desde hace 7 años un grupo de empresas tabacaleras evita el pago del principal impuesto del sector mediante medidas cautelares otorgadas por jueces federales de distintas jurisdicciones. Se estima que en 2021 el Estado argentino perdió 550 millones de dólares, la suma asciende a 1650 millones de dólares si se analizan los últimos 7 años. La facturación de la principal empresa que no paga el impuesto interno mínimo, Tabacalera Sarandí S.A., asciende a 50.000 millones de pesos anuales.
Hoy esta tabacalera, que ya tiene más del 30% del mercado, concentra sus recursos y poder en hostigar y perseguir a los Diputados que buscan darle un atisbo de normalidad y previsibilidad a un sector compuesto por más de 23.000 productores agropecuarios que se ven desfinanciados mes a mes por el no pago de impuestos de las empresas.
Autoridades de la agrupación volvieron a reforzar su preocupación por esta situación: “Estamos profundamente preocupados porque desde hace años una parte de las empresas fabricantes de cigarrillos no paga los impuestos correspondientes por Ley avaladas por medidas de la Justicia y por el silencio de la AFIP. Es una situación que las autoridades no logran resolver y hemos llegado a un punto en el cual nos resulta imposible continuar desarrollando nuestro cultivo y generando empleo en nuestras provincias” declaró Pedro Pascuttinni, presidente de la Federación.
El proyecto de Ley fue presentado por el Diputado Héctor Orlando Bárbaro y ratificado por más de 10 Diputados Nacionales de todo el arco político entre los que se cuentan a los legisladores Nacionales Diego Horacio Sartori, Jorge Antonio Romero, María Carolina Moisés, Carlos Raúl Zapata, Lía Verónica Caliva, Fabian Antonio Borda, Lucas Javier Godoy, Daniel Julio Ferreyra, Carlos Alberto Fernández, Emiliano Estrada, Alfredo Oscar Schiavoni, Mario Alberto Leito, María Eugenia Alianiello, María Luisa Chomiak.
La suspensión de una cautelar
Días atrás, la Unión Tabacalera Pymes Argentina (Untapya) presentó una nota a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para pedir sanciones contra Bárbaro, productor tabacalero de Misiones.
Según la nota firmada por Osvaldo Trillo, presidente de Untapya, Bárbaro impulsó la movilización de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en contra del juez Enrique Lavié Pico, que en junio pasado declaró la inconstitucionalidad de tres artículos de la ley 27.430 y eximió del pago del impuesto mínimo obligatorio a la Tabacalera Sarandí.
Si bien el impuesto era una de las preocupaciones de la empresa Sarandí, las alarmas se encendieron en mayo de 2021 cuando los jueces de la Corte Suprema firmaron un fallo que dejó sin efecto una cautelar que había logrado Tabacalera Sarandí en 2016 para quedar eximida de tributar el impuesto.
Fue la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que otorgó esa posibilidad al considerar que la ley 27.430 (donde se fijó la última reforma al impuesto) “instituye sendos pisos fijos de tributación mínima aplicables por igual a cada uno de los casos allí contemplados a todas las empresas y marcas por igual sin discriminar categorías”.
El fallo que sacó la Corte en mayo de 2021 fue firmado por el supremo Juan Carlos Maqueda y sus pares Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y la ex jueza Elena Highton de Nolasco. Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir luego de ser recusado por la tabacalera por su vínculo previo a ser ministro con Massalín Particulares y British American Tobacco.
La Justicia, la inquisición
El sector al que pertenece el diputado nacional Bárbaro, se siente hostigado por el Poder Judicial de la Nación que en una situación insólita requiere la presencia del diputado misionero para que de nombres y relate a qué se debió la reunión del 4 de mayo, en una comparación casi histórica a tiempos de la inquisición; advierten que en realidad quien maneja los hilos de esta convocatoria inquisidora es la empresa Tabacalera Sarandí S.A., que hoy es la de mayor peso local y que se ampara en denuncias contra el Estado aduciendo que existe una supuesta connivencia con las tabacaleras multinacionales, lo que pondría en riesgo la continuidad y cientos de puestos de trabajo que esta empresa genera.
Sarandí es una firma argentina que opera desde el año 2000 y que en los últimos años ha crecido en popularidad gracias a su producto insignia, los cigarrillos “Red Point”, una de las marquillas más elegidas por sectores populares que no pueden pagar los precios de las primeras marcas y que obviamente compran más barato porque –justamente- esta empresa no tributa el impuesto mínimo, lo que les permite poner su producto a un precio más bajo y generando aún más rentabilidad de la que debería ser.
Para presionar aún más al Estado y en este caso a la Justicia, dicen que, desde hace varias semanas, están preocupados porque consideran que en el último tiempo la normativa tributaria del país los ha perjudicado de una manera grave, al punto de considerar el riesgo de cerrar sus puertas definitivamente por la caída de las ventas.
Sarandí sabe que debe tributar el impuesto mínimo, que es una carga que surgió durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2004 y que en 2008, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se transformó en ley. A su vez, con la reforma tributaria de Mauricio Macri, se cambió la manera de calcularlo y se estableció un porcentaje fijo, actualizable por inflación.
Parecería ser entonces, que Tabacalera Sarandí aplica el dicho que dice: “No hay mejor defensa que un buen ataque”, y pretende asi, que el proyecto de ley no llegue a buen puerto, más aún ante el conocimiento de la presentación del diputado Bárbaro, quien el 4 de setiembre de 2022 envió una carta al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, de la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo texto es el siguiente:
Por la presente, solicito se incorpore al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2023, las siguientes modificaciones a las Leyes 24.674 y 19800, con el siguiente texto:
Artículo 1° – Incorpórese como Artículo 18° bis de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley N° 24.674 y sus modificaciones el siguiente artículo:
Art. 18 Bis: Por el expendio de unidades consumibles de productos de tabaco calentado, se pagará el cincuenta por ciento (50%) sobre la base imponible respectiva.
Artículo 2º.- Sustitúyase el inc. a) del art. 23 de la Ley 19.800 por el siguiente:
“a) con el siete por ciento (7%) del precio venta al público de cada paquete de cigarrillos, de las unidades consumibles de productos de tabaco calentado, cigarros, cigarritos, tabaco para ser consumido en hoja, despalillado, picados en hebras, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas, despuntes y despuntes y demás manufacturas de tabaco no contempladas expresamente en este artículo destinadas a consumo final”.
Artículo 3° – Incorpórese como artículo 25 ter de la Ley N° 19.800 el siguiente artículo:
Art. 25 ter: “Son aplicables los adicionales establecidos en los artículos N° 24 y 25 de la Ley 19.800 y sus modificaciones al precio de venta al público de las unidades consumibles de productos de tabaco calentado, cigarros, cigarritos, tabacos para ser consumidos en hoja, despalillados, picados, en hebras, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas, despuntes y demás manufacturas de tabaco no contempladas expresamente en este artículo destinadas a consumo final”.
La cita del diputado misionero es el 1 de noviembre, donde quedarán sobre la mesa las cartas que juega Tabacalera Sarandí a través de la Justicia, que se pone el traje de inquisidora mientras que la otra franja de los tabacaleros también espera de la Justicia que de una vez por todas unifique el criterio para hacer lo que corresponde en cuanto a la igualdad de tributar el impuesto mínimo de todos, si, todos los actores del sector.
¿qué paradoja, no?
Replicado de Nuevo Diario de Salta
